
Emergentes - Revista Científica
ISSN 2959-7692 (en línea) Julio-Septiembre, 2026, Volumen 6, Número 3 pág. 1
DOI: https://doi.org/10.60112/erc.v6.i3.842
Garantías del debido proceso en el derecho penal ecuatoriano: Una revisión
a partir de la constitución de 2008 y el COIP
Silvio Eduardo Enriquez Toala
silvio.enriquezt@ug.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-9391-3904
Universidad de Guayaquil
RESUMEN
El presente artículo de revisión tiene como objetivo analizar las garantías del debido proceso en el
derecho penal ecuatoriano a partir del marco normativo establecido en la Constitución de 2008 y el
Código Orgánico Integral Penal (COIP), incorporando además el uso de herramientas de inteligencia
artificial para fortalecer la lectura crítica y la comprensión de la literatura jurídica. La investigación se
desarrolló mediante una revisión sistemática de la literatura siguiendo la metodología PRISMA, lo que
permitió identificar, seleccionar y analizar estudios científicos, documentos jurídicos y literatura
especializada publicados en bases de datos académicas entre 2008 y 2025. El proceso de análisis se
organizó en categorías relacionadas con los principios constitucionales del debido proceso, el marco
normativo penal ecuatoriano, la aplicación práctica de las garantías procesales, los estándares
internacionales de derechos humanos y el uso de inteligencia artificial en la investigación jurídica. Los
resultados evidencian que el marco jurídico ecuatoriano incorpora un modelo garantista alineado con
los estándares internacionales de protección de derechos humanos; sin embargo, persisten desafíos en
su aplicación práctica dentro del sistema judicial, especialmente en aspectos como la motivación de las
decisiones judiciales, el uso de la prisión preventiva y la duración de los procesos penales. Se identifica
que la inteligencia artificial constituye una herramienta emergente que puede contribuir al
fortalecimiento del análisis jurídico y la sistematización del conocimiento en el ámbito del derecho
penal.
Palabras Claves: debido proceso, derecho penal ecuatoriano, constitución de 2008
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
El Editor y los Revisores declararon no tener conflicto de intereses.
Licencia:

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Due process guarantees in ecuadorian criminal law: A review based on the
2008 constitution and the COIP
ABSTRACT
This review article aims to analyze the guarantees of due process in Ecuadorian criminal law based on
the normative framework established in the 2008 Constitution and the Comprehensive Organic Criminal
Code (COIP), also incorporating the use of artificial intelligence tools to enhance critical reading and
understanding of legal literature. The study was conducted through a systematic literature review
following the PRISMA methodology, which allowed for the identification, selection, and analysis of
scientific studies, legal documents, and specialized literature published in academic databases between
2008 and 2025. The analysis was organized into categories related to the constitutional principles of
due process, the Ecuadorian criminal law framework, the practical application of procedural guarantees,
international human rights standards, and the use of artificial intelligence in legal research. The results
indicate that the Ecuadorian legal framework incorporates a rights-based model aligned with
international human rights protection standards; however, challenges persist in its practical application
within the judicial system, particularly regarding the motivation of judicial decisions, the use of
preventive detention, and the duration of criminal proceedings. Additionally, artificial intelligence
emerges as a valuable tool that can strengthen legal analysis and the systematization of knowledge in
the field of criminal law.
Keywords: due process, ecuadorian criminal law, 2008 constitution
The authors declare no conflict of interest.
The Editor and the Reviewers declared no conflict of interest.
License:

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INTRODUCCIÓN
El debido proceso constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional de derechos y
justicia, al garantizar que toda persona sometida a un proceso judicial sea juzgada conforme a los
principios de legalidad, imparcialidad, igualdad y respeto de los derechos humanos. En materia penal,
estas garantías adquieren especial relevancia debido a que el ejercicio del poder punitivo del Estado
puede afectar derechos fundamentales como la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho
a la defensa (Ferrajoli, 2011).
En América Latina, el fortalecimiento del debido proceso ha estado estrechamente vinculado con los
procesos de constitucionalización del derecho y con la incorporación de instrumentos internacionales
de protección de derechos humanos, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos instrumentos han orientado la evolución
de los sistemas penales hacia modelos acusatorios caracterizados por la oralidad, la publicidad, la
contradicción y la igualdad procesal, fortaleciendo las garantías judiciales y limitando el ejercicio
arbitrario del poder estatal (Binder, 2016; Fix-Zamudio, 2002).
En Ecuador, la Constitución de la República de 2008 consolidó un modelo garantista al reconocer
expresamente un amplio catálogo de derechos y garantías procesales, posteriormente desarrollados
mediante el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ambos cuerpos normativos establecen principios
fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la motivación de las decisiones
judiciales, el juez competente y el derecho a recurrir las resoluciones, configurando un marco jurídico
acorde con los estándares internacionales de protección de derechos humanos (Ávila Santamaría, 2012;
Zambrano Pasquel, 2015).
No obstante, diversos estudios evidencian que, pese a los avances normativos, persisten dificultades en
la aplicación efectiva de estas garantías. Entre los principales problemas identificados se encuentran el
uso recurrente de la prisión preventiva, la demora procesal, las deficiencias en la motivación de las
resoluciones judiciales y las limitaciones para garantizar una defensa técnica efectiva, aspectos que
afectan la materialización del debido proceso dentro del sistema penal ecuatoriano (Carbonell, 2018).
Paralelamente, el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades
para la investigación jurídica, facilitando la localización, organización y análisis de grandes volúmenes

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de información científica y jurisprudencial. Aunque estas tecnologías no sustituyen el razonamiento
jurídico, constituyen herramientas de apoyo para fortalecer la revisión sistemática de literatura y el
análisis crítico de las fuentes documentales (Floridi et al., 2018; Susskind, 2019).
Vacío de investigación
A pesar de la abundante producción doctrinal sobre el debido proceso y las garantías procesales en
Ecuador, la literatura muestra una limitada cantidad de revisiones sistemáticas que integren, de manera
conjunta, el análisis de la Constitución de 2008, el Código Orgánico Integral Penal, la jurisprudencia
nacional, los estándares interamericanos de derechos humanos y el aporte de las herramientas de
inteligencia artificial en la investigación jurídica. La mayoría de las investigaciones existentes abordan
estos temas de forma independiente o desde enfoques exclusivamente doctrinales, sin ofrecer una
síntesis crítica que permita identificar tendencias, coincidencias y desafíos para la aplicación efectiva
de las garantías procesales.
En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar las garantías del debido proceso en
el derecho penal ecuatoriano mediante una revisión sistemática de la literatura científica y jurídica,
identificando los principales aportes doctrinales, la evidencia disponible sobre su aplicación práctica y
los desafíos que enfrenta el sistema penal ecuatoriano para garantizar la plena protección de los derechos
fundamentales.
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
La investigación se desarrolló mediante una revisión sistemática de la literatura, siguiendo las
directrices establecidas por la declaración Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses (PRISMA 2020) (Page et al., 2021). Este enfoque metodológico permitió identificar,
seleccionar, evaluar y sintetizar de manera rigurosa la evidencia científica relacionada con las garantías
del debido proceso en el derecho penal ecuatoriano.
El estudio posee un enfoque cualitativo, con diseño documental, descriptivo y analítico, orientado al
análisis crítico de literatura científica, normativa jurídica, jurisprudencia y documentos especializados
publicados entre 2008 y 2025.

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El período de estudio se estableció considerando la promulgación de la Constitución de la República
del Ecuador de 2008, instrumento que transformó el sistema jurídico ecuatoriano bajo el paradigma del
Estado constitucional de derechos y justicia.
Fuentes de información
La búsqueda bibliográfica se realizó entre enero y marzo de 2025 utilizando las siguientes bases de
datos nacionales e internacionales:
• Scopus
• Web of Science (WoS)
• Scielo
• Redalyc
• Dialnet
• Google Scholar
Adicionalmente se consultaron documentos oficiales provenientes de:
• Corte Constitucional del Ecuador
• Corte Nacional de Justicia
• Registro Oficial
• Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Organización de Estados Americanos (OEA)
Estrategia de búsqueda
La estrategia de búsqueda fue diseñada utilizando operadores booleanos (AND, OR), comillas para
búsqueda de frases exactas y truncamientos cuando fueron admitidos por cada base de datos.
Las ecuaciones utilizadas fueron las siguientes:
Scopus
TITLE-ABS-KEY ("due process" OR "procedural guarantees") AND ("criminal law" OR "criminal
procedure") AND (Ecuador)
Web of Science
TS=("due process"OR "procedural guarantees") AND TS=("criminal law") AND TS=(Ecuador)
Scielo ("debido proceso") AND ("derecho penal") AND (Ecuador)

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Dialnet
"debido proceso" AND "derecho penal ecuatoriano"
Redalyc
"garantías procesales" AND "Ecuador"
Google Scholar
allintitle: "debido proceso" "Ecuador" COIP
También se realizaron búsquedas complementarias mediante referencias cruzadas de los artículos
seleccionados.
Criterios de inclusión
Se incluyeron estudios que cumplieron simultáneamente los siguientes criterios:
• artículos científicos revisados por pares;
• investigaciones publicadas entre 2008 y 2025;
• documentos en español o inglés;
• estudios relacionados con derecho penal, debido proceso o garantías constitucionales;
• investigaciones desarrolladas en Ecuador o Latinoamérica;
• documentos disponibles en texto completo.
Criterios de exclusión
Se excluyeron:
• documentos duplicados;
• literatura gris sin respaldo científico;
• artículos sin texto completo;
• publicaciones no relacionadas con derecho penal;
• estudios enfocados únicamente en derecho civil, laboral o administrativo.
Proceso de selección de estudios
La selección siguió las cuatro etapas establecidas por PRISMA.
Fase 1. Identificación
Se recuperaron inicialmente los registros provenientes de las seis bases de datos seleccionadas.
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Base de datos Registros
Scopus 72
Web of Science 48
Scielo 39
Dialnet 65
Redalyc 51
Google Scholar 138
Total 413
Fase 2. Eliminación de duplicados
Se eliminaron 86 registros duplicados.
Registros restantes:
327
Fase 3. Elegibilidad
Se revisaron títulos y resúmenes.
Se excluyeron:
• estudios fuera del tema;
• investigaciones sin enfoque jurídico;
• documentos sin acceso completo.
Registros elegibles: 94
Fase 4. Inclusión
Se realizó la lectura completa de los 94 artículos elegibles.
Finalmente fueron incluidos:
43 estudios científicos
que cumplieron todos los criterios metodológicos establecidos.
Diagrama PRISMA
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020
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Fuente: Elaboración propia conforme a la declaración PRISMA 2020
Evaluación de la calidad metodológica
Como parte del proceso de revisión sistemática, la calidad metodológica de los estudios incluidos fue
evaluada mediante las listas de verificación del Joanna Briggs Institute (JBI), seleccionadas por su
amplia utilización en revisiones cualitativas y documentales.
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Cada estudio fue valorado considerando aspectos como:
• claridad de los objetivos;
• adecuación metodológica;
• rigor del análisis;
• consistencia de resultados;
• validez de las conclusiones.
Los artículos fueron clasificados en tres niveles de calidad:
Puntaje Calidad
80–100 % Alta
60–79 % Moderada
<60 % Baja
Únicamente se incorporaron al análisis final los estudios con calidad metodológica alta o moderada.
Extracción de datos
La información fue organizada mediante una matriz diseñada en Microsoft Excel, registrando para cada
estudio:
• autor;
• año;
• país;
• objetivo;
• metodología;
• principales resultados;
• aportes sobre debido proceso;
• limitaciones.
Análisis de la información
Los datos fueron sometidos a un análisis cualitativo de contenido, identificando categorías temáticas
recurrentes relacionadas con:
1. Principios constitucionales del debido proceso.

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2. Constitución de 2008 y COIP.
3. Aplicación práctica del debido proceso.
4. Jurisprudencia y estándares internacionales.
5. Inteligencia artificial aplicada a la investigación jurídica.
Posteriormente se realizó una síntesis comparativa de los estudios, identificando coincidencias,
divergencias y vacíos de investigación, con el propósito de responder al objetivo general del estudio.
RESULTADOS
Caracterización de los estudios incluidos
Luego del proceso de selección conforme a la metodología PRISMA, se incluyeron los estudios que
cumplieron los criterios de elegibilidad establecidos. La literatura analizada estuvo conformada
principalmente por artículos científicos, revisiones doctrinales y estudios jurídicos publicados entre
2008 y 2025, enfocados en las garantías del debido proceso, el derecho penal ecuatoriano y los
estándares internacionales de derechos humanos.
Tabla 1. Caracterización general de los estudios incluidos
Característica Resultado
Período de publicación 2008–2025
Idiomas Español e inglés
Tipo de documentos Artículos científicos, revisiones sistemáticas y estudios doctrinales
Bases de datos Scopus, WoS, Scielo, Dialnet, Redalyc y Google Scholar
Enfoque metodológico
predominante Cualitativo-documental
Temáticas principales Debido proceso, COIP, Constitución, derechos humanos,
jurisprudencia, IA
Los estudios seleccionados permitieron identificar cinco grandes categorías temáticas que concentran
la producción científica sobre el debido proceso en Ecuador.
Principios constitucionales del debido proceso
La mayor parte de la literatura revisada coincide en señalar que el debido proceso constituye el eje
estructurador del sistema penal garantista instaurado por la Constitución de 2008. Los estudios
analizados destacan que las garantías más investigadas corresponden a:

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• presunción de inocencia;
• derecho a la defensa;
• juez competente e imparcial;
• motivación de las decisiones judiciales;
• principio de legalidad.
En términos generales, la evidencia muestra un amplio consenso doctrinal respecto a que estas garantías
limitan el ejercicio del poder punitivo estatal y fortalecen la tutela judicial efectiva.
Tabla 2. Principales garantías identificadas en la literatura
Garantía Tendencia encontrada
Presunción de inocencia Alto consenso doctrinal
Derecho a la defensa Muy alta frecuencia
Motivación judicial Frecuentes deficiencias prácticas
Juez imparcial Considerado requisito esencial
Legalidad penal Amplio desarrollo doctrinal
Aunque existe consenso sobre la importancia de estas garantías, varios estudios advierten dificultades
en su aplicación práctica, especialmente en procesos penales complejos.
Constitución de 2008 y Código Orgánico Integral Penal
Los estudios revisados identifican a la Constitución de 2008 como el principal punto de transformación
del sistema penal ecuatoriano.
La evidencia muestra que el COIP fortaleció ese modelo al incorporar:
• oralidad;
• inmediación;
• contradicción;
• publicidad;
• proporcionalidad;
• mínima intervención penal.

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La revisión evidencia que el marco normativo ecuatoriano presenta un elevado nivel de armonización
con los estándares internacionales de derechos humanos.
No obstante, diversos autores coinciden en que el principal desafío ya no es normativo sino institucional,
debido a las dificultades existentes para garantizar una aplicación uniforme de estas garantías.
Aplicación práctica del debido proceso
Esta categoría concentró una parte importante de la literatura revisada.
Los principales problemas identificados fueron:
• uso frecuente de la prisión preventiva;
• retrasos procesales;
• congestión judicial;
• insuficiente motivación de resoluciones;
• limitaciones para garantizar igualdad de armas.
Tabla 3. Principales problemas encontrados
Problema Evidencia reportada
Prisión preventiva Uso frecuente
Duración del proceso Retrasos importantes
Motivación judicial Deficiencias argumentativas
Defensa técnica Limitaciones institucionales
Igualdad procesal Brechas entre acusación y defensa
La revisión evidencia que estas dificultades no derivan exclusivamente del marco legal, sino también
de factores administrativos, presupuestarios e institucionales.
Evidencia jurídica ecuatoriana
La literatura también hace referencia a decisiones emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador,
las cuales han consolidado criterios relevantes sobre:
• obligación de motivación suficiente;
• protección de la presunción de inocencia;
• derecho a la defensa técnica;

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• excepcionalidad de la prisión preventiva;
• tutela judicial efectiva.
Asimismo, diversos estudios analizan la influencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, especialmente en materia de control de convencionalidad y garantías judiciales.
Estándares internacionales
La revisión demuestra una elevada coincidencia entre los autores respecto a la influencia de:
• Convención Americana sobre Derechos Humanos;
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
• jurisprudencia interamericana.
Los estudios concluyen que estos instrumentos han fortalecido la interpretación constitucional del
debido proceso en Ecuador.
Los principios internacionales más citados fueron:
• juez imparcial;
• plazo razonable;
• derecho al recurso;
• tutela judicial efectiva;
• control de convencionalidad.
Inteligencia artificial en la investigación jurídica
Una tendencia emergente identificada en la literatura corresponde al uso de herramientas de inteligencia
artificial para apoyar investigaciones jurídicas.
Los estudios revisados muestran que estas herramientas facilitan:
• búsqueda bibliográfica;
• clasificación documental;
• análisis jurisprudencial;
• elaboración de matrices de evidencia;
• síntesis documental.
Sin embargo, prácticamente todos los autores coinciden en que la inteligencia artificial constituye un
instrumento de apoyo y no sustituye el razonamiento jurídico del investigador.

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Tabla 4. Principales aportes de la inteligencia artificial
Aplicación Beneficio identificado
Revisión bibliográfica Mayor rapidez
Organización documental Mejor sistematización
Análisis jurisprudencial Identificación de patrones
Síntesis de información Optimización del análisis
Apoyo investigativo Incremento de eficiencia
Síntesis general de los resultados
El análisis conjunto de la literatura permite identificar cuatro hallazgos principales:
1. Existe amplio consenso doctrinal respecto a que la Constitución de 2008 consolidó un modelo
garantista compatible con los estándares internacionales.
2. El principal problema identificado por la literatura no corresponde al marco jurídico sino a la
aplicación práctica de las garantías procesales.
3. La jurisprudencia constitucional e interamericana desempeña un papel determinante en la
interpretación del debido proceso.
4. La inteligencia artificial constituye una herramienta emergente con potencial para fortalecer la
investigación jurídica, siempre que su utilización sea complementaria al análisis crítico del
investigador.
DISCUSIÓN
Los resultados de la presente revisión sistemática evidencian que existe un amplio consenso en la
literatura respecto a que la Constitución de la República del Ecuador de 2008 representó un cambio
paradigmático en la configuración del sistema penal ecuatoriano al consolidar un modelo de Estado
constitucional de derechos y justicia. Este hallazgo coincide con los planteamientos de Ávila Santamaría
(2012), quien sostiene que el nuevo constitucionalismo ecuatoriano fortaleció el reconocimiento de las
garantías procesales como límites al ejercicio del poder punitivo del Estado.